Uruguay aprueba una ley inédita para regular el comercio de marihuana
Uruguay ha hecho historia este martes al aprobar una novedosa ley para regular la producción, distribución y venta de marihuana, una medida única en el mundo, no exenta de polémica. La aprobación del texto en el Senado convierte a este país de 3,3 millones de habitantes en el primero en legislar en este sentido en un momento en el que se plantean nuevos métodos para combatir el narcotráfico en América Latina.
El proyecto de ley, que fue aprobado el 31 de julio en la Cámara de Representantes con un ajustado resultado, pasó su último trámite en el Senado con 16 votos a favor - todos los senadores del gubernamental Frente Amplio - y 13 en contra. Tras un debate de 13 horas, el resultado fue recibido con aplausos en la tribuna y gritos de “Uruguay, Uruguay” por los activistas que esperaban fuera para escuchar el resultado.
La ley permitirá a los mayores de 18 años el cultivo doméstico de hasta seis plantas de cannabis, con un máximo de 480 gramos de producción anual. Además, se permite el cultivo en clubes de membresía con entre 15 y 45 socios (con un máximo de 99 plantas) y la venta en farmacias autorizadas de un máximo de 40 gramos al mes para cada comprador, que tendrá que anotarse previamente en un registro obligatorio.
La regulación del cannabis en Uruguay se suma a una serie de leyes liberales que ha aprobado el país en el último año como la despenalización del aborto y el matrimonio homosexual.
El gubernamental Frente Amplio defendió en la Cámara Alta que el objetivo de la ley es “minimizar los riesgos y reducir los daños del uso del cannabis”. La sustancia representa el 80% del total de las drogas en Uruguay, donde las autoridades estiman que hay unos 120.000 usuarios de cannabis, aunque las asociaciones aseguran que la cifra alcanza los 200.000.
En una sesión que fue seguida por decenas de periodistas de todo el mundo, el senador frenteamplista Roberto Conde defendió la medida alegando que “los problemas que genera el narcotráfico en Uruguay no pueden esperar a los consensos de los organismos multilaterales” y la “ineficiencia” de los enfoques de “criminalización y el castigo” ha llevado al Gobierno de José Mujica a explorar otras vías con esta droga.
Clubes para fumar
Holanda. La legislación holandesa es un caso único en Europa. La capital de este país, Ámsterdam, es de hecho considerada el paraíso del turismo del porro. La normativa permite el consumo de cannabis dentro de los llamados coffeeshops, aunque el anterior Gobierno de centroderecha aprobó una ley para exigir desde 2012 un carné de socio y ser residente en el país para poder fumar en estos locales. El actual Ejecutivo de centroizquierda suprimió a principios de este año la obligación de ser socio, aunque mantuvo la obligación de residir en el país. No obstante, el Ayuntamiento de Ámsterdam ha decidido aplicar el margen de maniobra que le permite la ley nacional para seguir permitiendo a los turistas la entrada a estos establecimientos. De los siete millones de visitantes anuales que tiene la ciudad, un millón y medio sigue acudiendo a ellos.
Alemania. Hace apenas dos semanas los gobernantes de un distrito de Berlín decidieron legalizar la compra y consumo de cannabis y marihuana en coffeeshops, establecimientos autorizados similares a los holandeses. La medida, que aún debe pasar un trámite antes de ser aprobada, pretende acabar con el tráfico de drogas y la criminalidad creciente en el distrito.
España. Los coffeeshops no son legales en España, pero existen muchos clubes privados, sobre todo en las grandes ciudades, que gestionan plantaciones colectivas de cannabis para producir la marihuana y el hachís que consumen los socios en sus locales. El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que va a poner freno a la proliferación de estas asociaciones con inspecciones para comprobar si, como dicen muchos en sus estatutos, tienen fines terapéuticos. El vacío legal se evidenció a principios de 2012, durante la polémica que generó la intención del Ayuntamiento de Rasquera (Tarragona) de ceder unos terrenos a uno de estos clubes para que plantara marihuana. Una sentencia judicial anuló la cesión, aunque el alcalde la ha recurrido. El Parlamento vasco ha abierto un debate para decidir si debe regularse la actividad de estas asociaciones.
México. Una propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD, de izquierdas) para despenalizar el consumo terapéutico de marihuana en la capital, donde es fuerza mayoritaria, ha encendido el debate en el país. Los progresistas quieren extender su propuesta a todo el territorio nacional.
El legislador afirmó que la ley busca un equilibrio entre la libertad del individuo y su integridad física, y solucionar la "incongruencia jurídica" existente. En Uruguay está permitido el consumo de marihuana pero no su producción y comercialización, algo que, según los defensores de la norma, llevaba al usuario a recurrir al mercado ilegal. “No se trata de crear un mercado de marihuana, se trata de regular el mercado que ahora está en manos del narcotráfico”.
El proyecto de ley, que fue aprobado el 31 de julio en la Cámara de Representantes con un ajustado resultado, sigue sin convencer a la oposición. Esta defiende que la medida minimiza los “peligros” de la marihuana y los “efectos irreversibles a largo plazo”, como el impacto en el aprendizaje, según dijo el senador del Partido Colorado, Alfredo Solari, médico y exministro de Salud. Según la Junta Nacional de Drogas, el 80% de los jóvenes que admitió haber probado la marihuana lo hizo por “curiosidad”.
La oposición tachó el proyecto de “improvisado” y auguró un “fracaso” que puede llevar a la “ingobernabilidad” del mercado, en vez de a su control. Una de las preocupaciones de los partidos de oposición es cómo se va a ejercer el control para evitar la venta irregular de marihuana legal. Si bien para tener acceso a la marihuana hay que inscribirse en un registro oficial y no habrá coffee shops al estilo de Ámsterdam -puesto que la ley antitabaco prohíbe fumar en espacios públicos cerrados-, el senador Jorge Larrañaga del Partido Nacional se preguntó qué pasará con el excedente que tengan los consumidores uruguayos y cómo van a asegurarse de que no habrá un mercado irregular de la “marihuana estatal”.
El debate también giró en torno a las declaraciones de Mujica a los medios, que se ha referido a esta ley como un “experimento” y ha reconocido que “totalmente preparados no estamos”. Además, ha pedido a la comunidad internacional que contribuya para que funcione y se ha mostrado dispuesto a dar marcha atrás si la ley no da resultados. El senador del partido colorado Pedro Bordaberry contestó a este planteamiento que “los uruguayos no somos cobayas”.
En respuesta al argumento de la lucha contra las drogas, Solari señaló que “Montevideo no es Tijuana, ni Uruguay es Paraguay. Nosotros no estamos en el epicentro de la lucha contra las drogas, ni nada que se le parezca” , dijo y advirtió que Uruguay puede convertirse en “un foco de difusión internacional como lo temen nuestros países vecinos”. Debido a la atención que ha suscitado esta medida internacionalmente, el senador dijo a los países que ven con buenos ojos esta ley que “si las consecuencias fueran negativas, tengan la misma disposición a colaborar en su corrección y mitigar secuelas que puedan llegar a ser irreversibles”.
Todavía quedan asuntos pendientes como qué tipo de semilla se cultivará, cómo se realizará el registro de los usuarios (algo que ha generado reticencia entre los consumidores) y pendiente el precio final. El Gobierno busca ofrecer una marihuana más barata y de mejor calidad que la que se consigue en el mercado ilegal. La Junta Nacional de Drogas de Uruguay ha adelantado que, para que el producto sea competitivo, se calcula que saldrá al mercado con un precio de un dólar por gramo.
Una vez sancionada la ley, el Ejecutivo tiene 120 días para elaborar la reglamentación con la que se espera que queden despejadas estas dudas. Si el proceso sigue estos plazos, las primeras licencias concedidas por el Gobierno y los primeros cultivos amparados bajo esta ley podrían comenzar a plantarse en el segundo semestre de 2014. Sobre la participación del Estado en la producción, el prosecretario de Presidencia, Diego Canepa, comentó a un grupo de periodistas en los pasillos que “el Estado puede llegar a producir marihuana en parte, pero también está pensado dar un régimen muy controlado de licencias” a través el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), que se crea para controlar que se cumplan las normas y va a ser el que otorgue las licencias para la producción, la comercialización y la distribución. “Es parte de lo que vamos a anunciar en la reglamentación”, señaló.
Con ambiente festivo, los partidarios de la ley se concentraron en las puertas del palacio legislativo con una gran pancarta verde en la que se leía: “Cultivando la libertad Uruguay Crece”. “Hoy es un momento para festejar, para estar contento porque es un día histórico, hoy es el último día de la prohibición global. Es la primera vez que se desafía a las convenciones de esta manera y desarrolla una política de regulación del mercado”, señaló a este diario Martín Collado, portavoz de la plataforma Regulación Responsable que ha defendido el proyecto de ley durante un proceso que ha durado más de año y medio.
Después de más de un año y medio de debate, la población todavía parece no estar muy convencida con el proyecto. Si bien el porcentaje de ciudadanos a favor de la marihuana médica aumentó al 74%, según la consultora Equipos Mori, el 61% de la población se manifestó en contra de la ley en la última encuesta realizada por la consultora CIFRA en septiembre. El porcentaje es casi similar al de julio de 2012, cuando la oposición era del 66 %. La ley cuenta además con la oposición de los químicos farmacéuticos, contrarios a que la marihuana para uso recreativo sea vendida en las farmacias.
Miles de persona festejan la aprobación de la ley
En un ambiente festivo, las organizaciones prolegalización y los partidarios de la ley que regula el cultivo, la distribución y el consumo de la marihuana en Uruguay celebraron a las puertas del Palacio Legislativo la aprobación de la primera ley de este tipo en el mundo.
Con tambores a ritmo de candombe, petardos y el tema Legalización del grupo de música español Ska-P de fondo, miles de personas se concentraron en torno a una gran pancarta verde en la que se podía leer “Cultivando la libertad Uruguay Crece”.
“Vengo porque no puedo creer esto. Para mí, que me crié en el miedo y que tenía miedo de que a mis hijos les pudiera pasar algo, es un paso muy importante que está dando Uruguay. Me siento muy feliz”, dijo a este diario Cecilia López, de 57 años, quien sostenía uno de los extremos de la gran pancarta.
López tiene dos hijos de 25 y 21 años y aconseja a los padres “que no tengan miedo, que conversen con los hijos”. En su opinión, más allá del tema del narcotráfico o de la ética esta ley aborda una cuestión de “libertad del individuo”. “Espero que a Uruguay le vaya bien y podamos ampliar la experiencia a otros lugares del mundo”.
La ley permite a los mayores de 18 años acceder a la marihuana mediante el cultivo doméstico -con un límite de seis plantas por persona-, el cultivo en clubes regulados o comprándola en farmacias autorizadas, con un tope de 40 gramos mensuales por persona y previa inclusión en un registro.
Está prohibido fumar marihuana en espacio públicos cerrados, tal y como recoge la ley antitabaco, y publicitar la sustancia. Será el Estado el que conceda licencias para producir marihuana y autorizar los puntos de venta.
Otra pareja de jóvenes - Mariana, de 21 años, y Gastón, de 19 años - también celebra la aprobación de la ley sobre la que, aseguran, se han estado informando. “Hemos visto encuestas, foros en internet y esta ley es buena para nosotros”. Gastón asegura que “no molestamos a nadie. Y quien no quiera, que no consuma” a la vez que “nosotros nos sentimos más libres”.
Las protestas policiales se extienden por Argentina mientras el Gobierno pide paz
Al menos ocho personas han muerto desde el principio de los saqueos, hace una semana
La presidenta Cristina Fernández asegura que fueron planificados
- Argentina padece otra noche de saqueos ante la pasividad policial
La bola de las protestas policiales en Argentina no para de crecer. Y con ella, el drama de los saqueos y las muertes. Hace una semana losagentes de la provincia de Córdoba extorsionaron a las autoridades al negarse a salir de los cuarteles hasta que no les subieran el sueldo. Y la ciudad, a 700 kilómetros de Buenos Aires, quedó en manos de los saqueadores. El gobernador peronista de Córdoba, José Manuel de la Sota, enfrentado al Gobierno peronista de Cristina Fernández, infravaloró el problema. A su vez, el Gobierno de Fernández cometió el error de no enviarle refuerzos a su rival político hasta que De la Sota no lo pidiera por el conducto reglamentario. A consecuencia de toda esa cadena de errores, la ciudad de 1,2 millones de habitantes quedó durante 35 horas en medio del caos, murió una persona y decenas resultaron heridas. Finalmente, De la Sota otorgó a los policías casi todo lo que exigieron. El salario básico pasó de la miseria de sus 6.000 pesos (unos 500 euros en el mercado extraoficial) a multiplicarse por dos. Los policías y el gobernador se mostraron sonrientes tras el acuerdo. Pero el problema solo acababa de empezar para el resto del país.
En menos de dos días los policías de cinco provincias argentinas comenzaron a exigir aumentos con parecidos métodos de fuerza. Conforme algunos gobernadores accedían a sus reclamos en otras provincias se acuartelaban otros agentes. En menos de una semana se produjeron decenas de saqueos en provincias como el Chaco, Tucumán, Jujuy, Entre Ríos o Santa Fe. El lunes por la mañana ya se contaban ocho muertos. La mayoría de ellos eran asaltantes de comercio. Pero también falleció asfixiado el propietario chino de un local en Glew y murió baleado un subcomisario en el Chaco. La mecha de las protestas se había extendido por 17 provincias. En muchas de ellas los gobernadores aumentaron los sueldos y los agentes depusieron su actitud. Pero en siete aún no se había llegado a ningún acuerdo el lunes por la tarde.
El gran temor del Gobierno es que los saqueos lleguen al Gran Buenos Aires, la periferia de la capital, donde se concentra las mayores bolsas de pobreza del país. Para evitar el contagio, el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, adelantó la paga extra de Navidad a medio millón de empleados públicos y decretó un aumento de sueldo para los policías de casi el doble en sus salarios mínimos. Pasarán de los 4.700 pesos mensuales (390 euros si se cambian en el mercado negro, el único donde se pueden conseguir euros) a los 9000 (750). Los policías bonaerenses se quedan por debajo de sus compañeros de Córdoba, pero de momento parece que la mayoría se conforma. En cualquier caso, el Gobierno ha decidido reforzar con gendarmes nacionales la vigilancia de los supermercados de la periferia bonaerense.
El gobernador José Manuel de la Sota acudió el martes a la Casa Rosada para entrevistarse con el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Intentaron ofrecer un mensaje de unidad. “Quiero pedir disculpas a los cordobeses, que seguramente esperaban mucho más de nosotros, del Gobierno nacional, de la policía, y de los propios vecinos que participaron del pillaje”, admitió De la Sota. “(Era) impensable para cualquier gobernante que esta reclamación salarial derivaba en esta situación que se vive en las provincias. (…) Se rompió el contrato social”, añadió.
Los saqueos y asesinatos se sucedían mientras el Gobierno cortaba el tráfico de centro de Buenos Aires para festejar el martes 10 de diciembre los 30 años de Gobierno en democracia, desde que asumió su mandato el dirigente de la Unión Cívica Radical Raúl Alfonsín. La presidenta Cristina Fernández, que ha reducido de forma tajante sus apariciones en público desde que le fue operada de un hematoma craneal y le descubrieron una arritmia en el corazón, había previsto pronunciar un discurso en la Casa Rosada. El Gobierno organizó un concierto en la Plaza Mayor con la actuación de grandes artistas locales como León Gieco, la selección nacional de Tango, Cacho Castaña y Adriana Varela. Se había invitado a los cuatro expresidentes -Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde- y a los familiares de Raúl Alfonsín. Todo estaba programado para ensalzar los valores que hicieron posible –a pesar de todos los pesares- la convivencia pacífica entre argentinos. Y de pronto, se coló en la fiesta el fantasma de los saqueos.
El alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, indicó que se deberían haber postergado los festejos. El diputado opositor Ricardo Alfonsín, hijo del primer presidente de la democracia, también pidió que se aplazara la fiesta. Y el gobernador peronista del Chaco, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, aclaró que iba a asistir a la Casa Rosada porque la presidenta se lo pidió “personalmente", aunque advirtió de que no tenía ganas de "festejar nada".
Finalmente, la fiesta se celebró. Y Cristina Fernández aseguró en su discurso de conmemoración de los 30 años que los saqueos fueron planificados. "Yo no soy ingenua. No creo en las casualidades. Tampoco creo en los hechos que se generan por contagio, porque por contagio son las paperas o las varicelas", señaló. "Siempre son en diciembre (los saqueos), parece que el contagio tiene fecha muy precisa. La presidenta añadió que los asaltos se ejecutaron con "precisión quirúrgica".
Los saqueos remiten a lo peor de la historia reciente argentina, a aquel diciembre de 2001 en que las calles de Buenos Aires se poblaron de ciudadanos que gritaban “Que se vayan todos”. El Gobierno cree que el hecho de que los saqueos coincidan con la conmemoración de los 30 años indica que se pretende desestabilizar al Gobierno. Pero lo cierto es que los reclamos de los agentes afectaron tanto a las provincias gobernadas por la oposición como a otras en manos de kirchneristas. Y solo piden más dinero.
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